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No parece afortunada una contratación pública y unos procesos de selección que involucionan en extensión y complejidad, con normas confusas y muchas veces contradictorias. La dispersión de normas parece ser la costumbre actual, de tal manera que cada norma legal expedida incorpora, seguramente con propósitos loables, modificaciones al régimen de contratación, con un ambiente de inseguridad jurídica y de difícil entendimiento. En mi opinión estas reformas fraccionadas y parciales no han cumplido con los objetivos que perseguían ni han conseguido crear un mercado de fácil acceso para los administrados. Por el contrario, parece ser más común de lo deseado, obras inconclusas y un escenario propicio para la corrupción. La contratación compleja y difícil de entender solo conduce a mayores riesgos de los gestores públicos y a una atmósfera que incentiva la desviación de los recursos públicos. La complejidad de la contratación pública por las razones citadas, ha llevado a que se considere un tema propio de los abogados, cuando lo que se demanda son criterios técnicos, no necesariamente economicistas, que permitan la eficiencia en la gestión y en el cumplimiento de políticas públicas. En este marco, la obra pretende esclarecer y presentar nuestras consideraciones sobre los principios y normas que gobiernan los procesos de selección de los contratos estatales, regulados por la Ley 80 del 1993 o con regímenes especiales, centrado en el derecho a la competencia, esto es, la igualdad de acceso y oportunidades, la transparencia-publicidad y la libertad de concurrencia. Lo anterior en la búsqueda de una mínima seguridad jurídica que conduzca a la eficiencia del proceso y de los cometidos buscados por las partes contratantes. El operador jurídico, la Administración y los potenciales oferentes pueden encontrar amplia información de las fuentes y tesis que orientan y se aplican a los procesos de selección, especialmente de carácter jurisprudencial. Así mismo, se incluye un tema de la mayor actualidad, como es los límites y características de la modificación del contrato, de escasa regulación legal pero de enorme importancia por sus implicaciones en la responsabilidad patrimonial, fiscal y penal de los servidores públicos.
La forma y las formalidades de los contratos públicos, así como los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de una enorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sido tratado en una obra independiente. Así, a partir del estudio del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (que derogó por completo lo establecido en el Decreto 734 de 2012 y compiló lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del análisis de la jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, que han sido dinámicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesis expuestas en la pasada edición, a la luz del derecho se constata que la figura de los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece el desarrollo particular que aquí se les da, incluyendo un capítulo referido a su equilibrio económico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lo largo de su ejecución y que comporta, sin duda, un aspecto vital y álgido de la contratación estatal.
A partir del acto de adjudicación, en el evento en que se haya efectuado un procedimiento de selección de naturaleza concursal, o de la determinación de contratar con el oferente que haya presentado la mejor propuesta en los casos de contratación directa que prescinden de dicho procedimiento, se sigue entonces a la elaboración y perfeccionamiento del contrato estatal. Esta fase, de acuerdo con el sistema adoptado por el legislador, implica agotar un conjunto de etapas que no solamente determinarán la existencia del mismo, sino además la posibilidad de iniciar la ejecución del objeto solicitado por la Administración, así como la inclusión de todos los aspectos necesarios para regular el objeto y la contraprestación en el mismo, con el único límite en la ley, el orden público, el interés general, los principios de buena administración y las finalidades de la contratación estatal. Esto ha sido denominado por la doctrina como la forma y las formalidades del contrato, uno de los temas más importantes en la contratación del Estado en la actualidad, y que más allá de los lineamientos propios de la naturaleza de lo que se pretende contratar, conlleva todo un marco de ritualidades específicas que determinan la existencia misma del acuerdo entre las partes, al punto que en su ausencia se hace imposible la aplicación íntegra de la teoría de los contratos y, por ende, debe buscarse otro tipo de justificación para la continua y eficiente prestación del servicio público, por una parte, y para el provecho económico y estructuración de la relación creada entre el Estado y el particular que busca satisfacer la necesidad de prestación o expectativa de remuneración, por la otra.
Riesgos de la contratación estatal. Tipificación, valoración y asignación es un estudio jurídico de investigación de aspectos fundamentales y sustanciales en el tema de la tipificación, valoración y asignación de los riesgos en los contratos estatales entre la entidad contratante y contratista con base en el Estatuto de Contratación Administrativa o Ley 80 de 1993, junto con la actualización de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1510 de 2013 y del Decreto Unificado 1082 de 2015 modificado por el Decreto 142 de 2023. El libro se estructura en ocho capítulos que presentan el marco normativo, los fines y principios de la contratación estatal, su conmutatividad, equilibrio económico y financiero, las responsabilidades, riegos, garantías y amparo. Adicionalmente, incorpora dos capítulos donde se exponen las conclusiones y recomendaciones. Por la forma didáctica, coherente y sistemática en que está escrito, con un lenguaje claro y simple y de fácil comprensión, esta obra se encuentra dirigida a toda clase de profesionales que se encuentren manejando la Contratación del Estado y licitaciones públicas, entre otras. Además, se constituye como una herramienta y guía útil y práctica para todas las entidades estatales. Incluye: Estudio jurídico de investigación en los contratos estatales. Actualización y análisis de las leyes y decretos en el tema. Controversias de la contratación estatal en aspectos teóricos y prácticos. Efectos de la imprevisión en materia contractual. Lenguaje claro y simple y de fácil comprensión. Glosario de términos jurídicos.
Presento esta obra invitándolos a celebrar "el prometedor futuro del derecho público en Colombia" y de la contratación estatal, herramienta fundamental del desarrollo y camino abonado para hacer de la inversión pública una adecuada y certera solución frente a los retos sociales y económicos que atraviesa el país y el mundo entero, poniendo el patrimonio de todos al servicio de la comunidad. Las actividades que giran alrededor de los contratos estatales forman parte, especialmente después de la Constitución de 1991, de la democratización de la economía y la integración de la autonomía de la voluntad a los negocios públicos. Los Códigos Civil y de Comercio se erigen en las normas esenciales sobre las que descansa la actividad de comercio en la que el Estado se encuentra involucrado. De la lectura de cada uno de los artículos aquí compilados, no me cabe duda de que el derecho público en Colombia está llamado a ser reflexionado y repensado con sumo cuidado, pues impacta de manera directa la vida misma del país y su presencia internacional. Con este trabajo se conmemoran los 10 años de la Especialización en Contratación y su Gestion, el lanzamiento de la Maestría en Contratación Pública y su Gestión, y se rinde homenaje al profesor Gabriel De Vega Pinzón. Mi sentido reconocimiento a los 48 autores de los diversos ensayos y escritos que se presentan a la consideración de la comunidad jurídica y académica en este libro que, sin duda, se convertirá en guía de útil consulta.
La forma y las formalidades de los contratos públicos, asícomo los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de unaenorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sidotratado en una obra independiente. Así, a partir del estudio del Decreto 1082de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratación de laAdministración Pública (que derogó por completo lo establecido en el Decreto734 de 2012 y compiló lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del análisis dela jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos arbitrales, quehan sido dinámicos y hasta, en algunas ocasiones. cambiantes frente a las tesisexpuestas en la pasada edición, a la luz del derecho se constata que la figurade los contratos estatales posee sustantividad propia, por lo que merece eldesarrollo particular que aquí se les da, incluyendo un capítulo referido a suequilibrio económico, una de las principales vicisitudes que se presenta a lolargo de su ejecución y que comporta, sin duda, un aspecto vital y álgido de lacontratación estatal.
Hemos escrito esta pequeña obra pensando en los contratistas del Estado, tan vilipendiados por culpa de unos cuantos corruptos. Los contratistas del Estado son sus colaboradores preciosos y necesarios. Sin ellos el Estado no podría alcanzar sus fines constitucionales. El presupuesto de inversión solo puede ejecutarse a través de contratos estatales. Por eso debe tratárseles como dice la ley: “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”1 . Pero no basta con que los contratistas conozcan sus derechos, sino que debe procurárseles una pronta justicia que se los reconozca. En la actualidad su desamparo es total. Los procesos que intentan buscar equidad y justicia se demoran una eternidad, mientras que el Estado, por su parte, haciendo uso de sus poderes exorbitantes, se convierte en juez y los condena rápidamente. Además, elude la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos. Estamos seguros de que si las relaciones contractuales Estado particular se tratan con justicia y equidad, desaparecerán conflictos, retrasos y frustración de proyectos públicos. Asimismo, se requiere que el Estado estudie bien sus proyectos, que sus pliegos de condiciones no sean excluyentes y que se regrese al principio de la objetividad para adjudicar, restando significación al precio más bajo.
Uno de los temas de mayor importancia en el ejercicio de la función administrativa es la contratación estatal; y las consideraciones y nociones que aborda este libro resultan de gran utilidad en los ámbitos universitario, posgradual y práctico, ya que funciona como una gran herramienta de consulta para abogados y demás profesionales vinculados con la administración pública. La segunda edición de El contrato estatal profundiza en aspectos como la procedencia de la acción de tutela frente a conflictos o debates contractuales; la relación del derecho disciplinario con la actividad contractual del Estado; y la responsabilidad patrimonial del Estado.