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Con la aprobación de la L.O. 5/2000, de 13 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se hace efectiva la voluntad del legislador, manifestada en la Exposición de Motivos de la derogada L.O. 4/1992, de 5 de junio, de establecer una renovada legislación en materia de justicia de menores. Para ello, ha sido preciso enfrentarse a un importante reto como es el de combinar las modernas orientaciones en torno a la reforma de la justicia penal con las específicas necesidades de este ámbito jurídico, dotando de la necesaria flexibilidad al sistema para hacer efectivos sus principios rectores de valor superior del interés del menor y educativo, sin menoscabo de las garantías jurídicas fundamentales. De este modo, se establece por vez primera en nuestro ordenamiento una regulación completa del tratamiento sustantivo y procesal de los menores a los que se les imputa la comisión de un ilícito penal, así como de las consecuencias jurídicas aplicables, tanto en lo relativo a la responsabilidad penal de estos sujetos, como a la civil derivada de los daños y perjuicios causados por el delito. Conscientes de la repercusión de esta norma y de los problemas que pueden surgir en los primeros años de vigencia, en esta monografía se pretende abordar un estudio sistemático del proceso penal de menores, en todas sus fases e incidencias y desde diversas perspectivas -doctrinales, legales y jurisprudenciales-, sin olvidar aquellos aspectos históricos y sustantivos que puedan resultar de interés y utilidad para el análisis, interpretación y aplicación de la Ley, con el fin de facilitar la labor de los profesionales que intervienen en este ámbito -Jueces, Fiscales, Abogados, Servicios Sociales, Administraciones con competencia en materia de menores y juristas en general.
El Derecho penal de menores o Derecho penal juvenil, es una disciplina que ha alcanzado un gran desarrollo en los £ltimos a¤os, pasando de ser considerado un Derecho penal en miniatura, hasta ser catalogado como un Derecho penal especial con un grado de autonom¡a e independencia cada vez mayor. Ello se debe en gran parte a la preocupaci¢n que muestra la sociedad espa¤ola ante el fen¢meno, parece ser que emergente, de la delincuencia juvenil y sus nuevas manifestaciones (bandas juveniles, bullying o acoso escolar, delincuencia callejera, etc.), lo que ha llevado al legislador a mostrar mayor inter‚s por este fen¢meno delictivo, y por articular una respuesta penal acorde con un tipo de delincuentes a los que no se les puede exigir el mismo grado de responsabilidad penal que a los adultos. La principal pretensi¢n de este trabajo consiste en desarrollar de manera sistem tica y con un lenguaje claro y preciso, el sistema penal de justicia juvenil en Espa¤a y su desarrollo normativo mediante la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, sus principales reformas y el Reglamento de 30 de julio de 2004. Para favorecer la consecuci¢n de este objetivo, los autores (profesores de Derecho Penal, Procesal y Criminolog¡a de la UNED) no se han limitado a comentar, con mayor o menor profundidad, el articulado de la LORRPM, donde acometen un an lisis exhaustivo de la justicia penal y del proceso penal de menores, sino que adem s, por una parte, han expuesto a lo largo de dos cap¡tulos una serie de consideraciones criminol¢gicas sobre la delincuencia juvenil para que el lector conozca con un mayor rigor, las principales particularidades que rodean a este complejo fen¢meno. Por otra parte, para que el lector no iniciado comprenda mejor el mbito jur¡dico penal en el que se desenvuelve el Derecho penal juvenil, se describen en un cap¡tulo de forma somera los elementos del delito que en una relaci¢n l¢gica necesaria, conforman la base del an lisis de la estructura del delito, prestando una especial atenci¢n a la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad.
La respuesta al fenómeno de la violencia juvenil es un tema poliédrico que exige un tratamiento riguroso y multidisciplinar, y en el que la respuesta judicial ha de ser el último recurso en la acción institucional y solo para los casos de mayor gravedad. El proceso penal de menores, como un sistema complejo, se articula sobre unos principios propios y diferenciados de los que caracterizan el proceso de adultos. Entre estos, el principio de interés superior del menor, y el principio de oportunidad juegan un papel transformador en el tratamiento jurisdiccional del menor infractor, informando cada una de las fases y posibilidades del proceso, condicionando a su vez la actuación de las partes y del Juez. Se trata de un proceso con autonomía propia en el que convergen un conjunto de opciones y sensibilidades, que han de dar lugar a un adecuado equilibrio entre la necesidad de justicia de una sociedad moderna y responsable, la responsabilidad penal de los menores infractores, y la protección de los mismos en dicha sociedad. Con este fin, ve la luz la presente obra, que pretenden, desde la óptica de los principios y garantías que lo rigen, acercar el sistema de justicia penal, y el proceso penal de menores, a todos aquellos que, desde los distintos perfiles profesionales, desarrollan un trabajo responsable y comprometido para dar una respuesta adecuada a la criminalidad e intervención social con menores, construyendo de esta forma una sociedad más justa. --
La obra que se presenta ofrece al lector una visión multidisciplinar de la protección jurídica que el Ordenamiento Jurídico español otorga a los menores, desde una perspectiva internacional, procesal, penal y civil. En primer lugar, se analiza la protección jurídica de los MENAS en España, comenzando con un examen de la Normativa convencional de protección de los MENAS, prestando especial atención a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio de La Haya de 1996 de Protección del Menor. En segundo lugar, se atiende a la Normativa europea de protección de los MENAS, en detalle, el Reglamento (UE) 604/2013, las Directivas 2011/95/UE, 2013/32/UE, 2013/33/UE y 2008/115/CE. En tercer lugar, se examina la Normativa estatal de protección a los MENAS, la Ley de Extranjería y su Reglamento, la Ley del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria y, finalmente, la Ley de Protección Jurídica del Menor.En segundo lugar, se examina la jurisdicción penal de menores, con una especial referencia a los procesos y la declaración del menor víctima del delito.La tercera parte se centra en la perspectiva penal, prestando especial atención al maltrato sobre menores y la violencia vicaria con un análisis jurídico-penal de las principales reformas legislativas operadas en este contexto. En este contexto se estudia el delito de sustracción de menores cuyo núcleo gira fundamentalmente sobre el menor y las relaciones familiares. Por último, se examina el registro central de delincuentes sexuales y la trata de seres humanos con una remisión detallada a la experiencia comparativa con el modelo de Registro de delincuentes sexuales en Estados Unidos.En cuarto lugar, se observa la Mediación como estilo de gestión de conflictos en los que están afectados menores, destacando la relevancia de otras prácticas restaurativas como prevención de la delincuencia juvenil.Finalmente, en quinto lugar, se profundiza en la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos por los menores de edad, analizando su contenido y caracteres, sobre la responsabilidad civil "pura" y la responsabilidad civil ex delicto y sus diferencias con la responsabilidad penal. Conexo con lo anterior se profundiza en la responsabilidad civil de los padres respecto a delitos cometidos por menores, en sus aspectos sustantivos y procesales.
Comparative Law for Spanish–English Speaking Lawyers provides practitioners and students of law, in a variety of English- and Spanish- speaking countries, with the information and skills needed to successfully undertake competent comparative legal research and communicate with local counsel and clients in a second language. Written with the purpose of helping lawyers develop the practical skills essential for success in today’s increasingly international legal market, this book aims to arm its readers with the tools needed to translate unfamiliar legal terms and contextualize the legal concepts and practices used in foreign legal systems. Comparative Law for Spanish–English Speaking Lawyers / Derecho comparado para abogados anglo- e hispanoparlantes, escrita en inglés y español, persigue potenciar las habilidades lingüísticas y los conocimientos de derecho comparado de sus lectores. Con este propósito, términos y conceptos jurídicos esenciales son explicados al hilo del análisis riguroso y transversal de selectas jurisdicciones hispano- y angloparlantes. El libro pretende con ello que abogados, estudiantes de derecho y traductores puedan trabajar en una segunda lengua con solvencia y consciencia de las diferencias jurídicas y culturales que afectan a las relaciones con abogados y clientes extranjeros. La obra se complementa con ejercicios individuales y en grupo que permiten a los lectores reflexionar sobre estas divergencias.
Reflecting a global trend, scores of countries have affirmed that their citizens are entitled to healthy air, water, and land and that their constitution should guarantee certain environmental rights. This book examines the increasing recognition that the environment is a proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional courts. This phenomenon, which the authors call environmental constitutionalism, represents the confluence of constitutional law, international law, human rights, and environmental law. National apex and constitutional courts are exhibiting a growing interest in environmental rights, and as courts become more aware of what their peers are doing, this momentum is likely to increase. This book explains why such provisions came into being, how they are expressed, and the extent to which they have been, and might be, enforced judicially. It is a singular resource for evaluating the content of and hope for constitutional environmental rights.