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Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales. El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento.
La presente obra consta de dos grandes partes. En la primera se tratarán los problemas que plantea la responsabilidad penal de las empresas, no solo desde el aspecto positivo, es decir, cuáles son los presupuestos de esa responsabilidad sino, igualmente, desde el aspecto negativo, es decir en qué condiciones o circunstancias una empresa, inicialmente sometida a dicha responsabilidad, puede conseguir eximirse de la misma o, al menos, atenuar la responsabilidad. Así, veremos cuáles son los requisitos para que una empresa puede ser sometida a dicha responsabilidad, esto es, qué directivos o empleados de la empresa, en qué condiciones, deben de cometer cuáles delitos para que se genere la responsabilidad penal de la empresa y cuáles son los delitos que, en concreto, generan dicha responsabilidad. Analizados los presupuestos de la responsabilidad, estudiaremos los requisitos para que la empresa pueda ser eximida de dicha responsabilidad o, lo que es lo mismo, los requisitos que deben de cumplir los programas de cumplimiento normativo para que produzcan efectos eximentes de la responsabilidad penal de la empresa. Igualmente, analizaremos cuáles son los requisitos para que esa responsabilidad, si es que es no es posible que la empresa se exima de ella, al menos, se atenúa. Todo ello, analizando no solo la legislación legal vigente sino, igualmente, las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que hoy en día se están haciendo de dicha legislación legal vigente. En la segunda parte se analizarán, en un primer lugar, los delitos específicos que el Código Penal regula como propios de los administradores de una empresa y, en un segundo lugar, los delitos que los empleados de la empresa más prototípicamente pueden cometer en el desempeño de sus tareas societarias.
Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute sobre ética empresarial y transparencia, la C.N.M.V. elaboró el "Código unificado de buen gobierno corporativo", que no contiene preceptos legales aplicables, sino recomendaciones que las sociedades cotizadas han de tomar como referencia. Esta evolución normativa de extraordinario interés incide en la interpretación de delitos como el de administración desleal o el de falsedad de balance. Las obligaciones de transparencia y de actuación en exclusivo interés social y del accionista, que instituye el Gobierno Corporativo, pueden implicar un replanteamiento significativo de la teoría y la praxis penal en este campo del Derecho penal de los negocios
La "corrupción en los negocios", es decir, el pago de sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas, constituye delito en España desde que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reformó el Código Penal. Pese a que desde entonces ha transcurrido prácticamente una década, estamos ante un delito que genera muchas dudas interpretativas. Tantas que su articulado ha sido sufrido modificaciones -hasta el momento- en dos ocasiones más: mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, respectivamente. La obra pretende dar respuesta, de esta manera, a las múltiples cuestiones que presenta la "corrupción en los negocios": desde la doble perspectiva de la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas. Su objetivo es promover una interpretación restrictiva del delito, congruente con los motivos político-criminales que han dado lugar a su tipificación, y con los principios inspiradores del Derecho Penal. Pero sin perder de vista el horizonte práctico, pues la discusión central gira en torno a la determinación de las concretas conductas que prohíbe esta tipología delictiva, y de cómo afectarían las últimas reformas a la interpretación y aplicación del delito.
This edition of the World Bank has been revised and expanded by the Terminology Unit in the Languages Services Division of the World Bank in collaboration with the English, Spanish, and French Translation Sections. The Glossary is intended to assist the Bank's translators and interpreters, other Bank staff using French and Spanish in their work, and free-lance translator's and interpreters employed by the Bank. For this reason, the Glossary contains not only financial and economic terminology and terms relating to the Bank's procedures and practices, but also terms that frequently occur in Bank documents, and others for which the Bank has a preferred equivalent. Although many of these terms, relating to such fields as agriculture, education, energy, housing, law, technology, and transportation, could be found in other sources, they have been assembled here for ease of reference. A list of acronyms occurring frequently in Bank texts (the terms to which they refer being found in the Glossary) and a list of international, regional, and national organizations will be found at the end of the Glossary.
The OECD Public Integrity Handbook provides guidance to government, business and civil society on implementing the OECD Recommendation on Public Integrity. The Handbook clarifies what the Recommendation’s thirteen principles mean in practice and identifies challenges in implementing them.