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En los últimos tiempos estamos asistiendo, tanto en nuestro país como en la esfera internacional, a un interés creciente por las cuestiones relacionadas con el derecho a la reparación y el papel que puede jugar la memoria como elemento necesario para que florezca la verdad, se haga justicia y, así, se pongan las bases para una auténtica reconciliación. La memoria se ha convertido en una categoría ético-filosófica, política y jurídica, convirtiendo el recuerdo en un auténtico deber moral, en un antídoto contra la barbarie y el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos humanos más básicos. Este proyecto de investigación pretende una aproximación interdisciplinar y global al complejo fenómeno de la reparación y la memoria histórica. Tras la aproximación moral que figura en el prólogo del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, nos adentramos en el análisis del derecho a la reparación en el ámbito internacional, que ha registrado una espectacular evolución en los últimos tiempos de la mano de las Naciones Unidas. El segundo capítulo aborda una mirada interdisciplinar al complejo fenómeno de la memoria, con atalayas tan diversas como la filosofía, la ética, la psicología social, la literatura o el cine. A continuación, cedemos la voz a las memorias excluidas, aquellas que se han visto marginadas desde las narrativas oficiales de la historia; las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías nacionales o los homosexuales son algunos de los grupos a los que hemos querido convocar a este proceso de recuperación furtiva de memorias políticamente incorrectas. En el cuarto capítulo hemos querido arrojar luz sobre el actual debate en torno a la memoria histórica en España y, finalmente, hemos otorgado un lugar preferente a la auténtica protagonista en todo proceso de reparaciones y de recuperación de la memoria: la sociedad civil y, en particular, las víctimas.
El autor, António Colaço Martins-Filho, nos ofrece en esta obra un interesante análisis sobre las relaciones entre poder y memoria. A través de sus páginas, el lector es llamado a reflexionar sobre cómo, desde los albores de la humanidad, los grupos que controlaban las organizaciones colectivas hacían uso de registros, monumentos, celebraciones, ritos y otras formas de manifestación para satisfacer sus deseos políticos. Con este estudio, su autor quiere demostrar en qué medida el uso de instrumentos jurídicos para intervenir en la memoria de los ciudadanos, muestra que el uso político de la historia es una constante en el desarrollo de la humanidad.
La lucha por la memoria histórica es el resultado de una exigencia moral de los supervivientes de la derrota de la Guerra Civil y de sus descendientes, que no admiten que se pase una página abominable de nuestra historia sin que el Parlamento, órgano de la soberanía nacional, tenga algo que decir. En otros países las violaciones de los derechos humanos producidas por regímenes dictatoriales sí fueron sometidas al juicio de la historia y merecieron la sanción del Derecho. En España, arrastramos un déficit histórico que no se ha empezado a solventar hasta hace muy poco tiempo, gracias a la persistencia de las víctimas que reclamaban la restitución jurídica de los bienes y valores arrebatados de forma sistemática y cruel por una Dictadura consentida plácidamente por las democracias que la rodeaban. Tarde, pero su tiempo ha llegado, y el resultado es la Ley 52/2007, conocida popularmente como la ley de la memoria histórica, que sirve de apoyo a los trabajos aquí contenidos. El jurista, el historiador y el ciudadano pueden encontrar en este libro las posibilidades que ofrece la Ley para reparar a las víctimas no sólo en un plano moral, sino también desde una perspectiva eminentemente jurídica. Esta Ley ha de ser entendida como un punto de partida —y no de llegada— en el largo proceso de recuperación de la memoria histórica. Sin perder la actitud crítica, los trabajos contenidos en el libro pretenden servir de ayuda a quienes necesitan de la aplicación y efectividad de la Ley para recobrar sus derechos y proclamar así la superioridad de los valores de la democracia republicana sobre los que encarnaron los autores del golpe de Estado que puso fin a su vigencia.