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La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la jus­ticia ambiental stricto sensu.
El año 2020 ha presentado extraordinarios desafíos dealcance global en materia sanitaria y ha probado fehacientemente los efectosnegativos que las actividades humanas generan sobre el entorno natural y lasupervivencia humana. La fragili­dad de la salud y de la vida de nuestraespecie ha puesto de presente la dependencia absoluta del hombre frente a lanaturaleza y la necesidad de actuar entendiendo que las afectaciones quegeneremos al entorno natural pueden causar impactos inconmensurables al yamaltrecho equilibrio natural. Si examinamos el origen de la nueva cepa de coronavirusencontraremos que expertos identifican el origen del virus en el consumo demurciélagos o pangolines (Goodwin, 2020), especies traficadas de manera ilegaly que de ninguna manera deberían ser utilizadas para fines consuntivos; en elcaso de los pangolines, nos estamos refiriendo a especies calificadas en lalista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN,por sus siglas en inglés), organización que indica que los pangolines "sonlos mamíferos salvajes más comercializados ilegalmente en el planeta", sucarne es un plato de lujo y sus escamas se usan en la medicina tradicionalasiática (IUCN, 2019). El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2020) explicaque la pérdida de filtros de agentes patógenos en la natura­leza aumenta laprobabilidad de que los virus pasen directamente a los humanos, y existe pruebacientífica de que cerca del 70% de las enfermedades humanas en los últimoscuarenta años han sido transmitidas por animales salvajes, el ébola, el sida,el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el covid-19 son ejemplo de ello;por tanto, conservar el equilibrio, frenar la extinción de especies yresguardar los ecosistemas naturales son acciones urgentes si queremos evitarnuevas pandemias.
"Los derechos de acceso a la información en materia ambiental, de participación en la toma de decisiones y de acceso a la justicia, son básicos para hacer efectiva la justicia ambiental. Este libro presenta, a través de las contribuciones de abogados y académicos de distintos países, españoles y latinoamericanos, un análisis de los obstáculos que encuentran las víctimas de daños ambientales para acceder a la justicia y para obtener una reparación. Las presentaciones por países, relativas a Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá, México y Ecuador se completan con uno de los casos, relativo a Brasil, que se han llevado al sistema interamericano de derechos humanos y con otras sobre el caso español y la situación de las vías extraterritoriales de acceso a la justicia en los países de la Unión Europea. Laobra es el resultado de una iniciativa conjunta de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universidad Rovira i Virgili, con el apoyo de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)" (4ème de couv.).
En lo que respecta a las Américas, la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible, promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA), promueve el fortalecimiento de la participación pública en las decisiones y políticas sobre la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, los gobiernos y la sociedad. [...] De igual forma, la Declaración de la Cumbre de Johannesburgo (World Summit on Sustainable Development, Johanesburgo, 2002), a más de ratificar los compromisos establecidos en la declaración de la Cumbre de la Tierra en 1992, convocó a los Estados a promover el acceso a la información y participación de la ciudadanía en decisiones relativas a la formulación de planes, programas y políticas sobre el. [...] Participación en la Gestión Ambiental La participación ciudadana es uno de los principios consagrados en la Constitución Política que establece que "las y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad... La participació. [...] Acceso a la Información Ambiental El acceso a la información es una herramienta básica para que los ciudadanos puedan participar en los distintos espacios y procesos de la gestión pública y, consecuentemente, en la toma de decisiones, por lo que disponer de información suficiente, comprensible y oportuna es un factor fundamental para la calidad de la participación. [...] Es así que en 1998 los Estados miembros de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) y la Unión Europea firmaron la "Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en los Asuntos Ambientales" (Convención de Aarhus).
En La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo el autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye su obra con consideraciones críticas y propuestas de modificación legislativa, las que entiende necesarias para una adecuada tutela del ambiente, y de los intereses difusos en general, en un contexto de conflictividad global creciente.
This book examines how the EU can be a more proactive actor in the promotion of the principles of sustainability and fairness from a legal environmental perspective. The book is one of the results of the research activity of the Jean Monnet Chair in EU Environmental Law (2017-2020) funded by the European Commission under the Erasmus+ programme. The European Union and Global Environmental Protection: Transforming Influence into Action begins with an introduction of the key EU competences, instruments and mechanisms, as well as the current international challenges at the EU level. It then explores case study examples from four regulated fields: climate change, biodiversity, multilateral trade, unregulated fishing, and access to justice; and four unregulated areas: mainstreaming of the Sustainable Development Goals in EU policies, and environmental justice, highlighting the extent to which the EU might align with international environmental regimes or extend its normative power. This volume will be of great relevance to students, scholars, and EU policy makers with an interest in international environmental law and policy.