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Esta obra presenta una reflexión detallada de las distintas modalidades en las que la parte acusadora y el juez pueden operar modificaciones a los hechos y a la calificación jurídica objeto del proceso penal, con especial énfasis en sus alcances y resultados, evidenciando a lo largo de un recorrido casuística iberoamericano las consecuencias que estos cambios pueden atraer sobre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La comprobación de los resultados de la aplicación de las fórmulas que comúnmente se aceptan para admitir la introducción de reformas y, en algunos casos, verdaderas transformaciones de los cargos que se le formulan y se le dan a conocer al imputado ofrece resultados inequívocos que apuntan a diluir la separación de funciones entre acusar y juzgar, a minimizar la defensa a niveles de ineficacia y a enrarecer la imparcialidad judicial a la que cualquier ciudadano puede aspirar. Una vez demostrado que las bases del sistema acusatorio pueden resultar fracturadas en esos contextos, sobre todo ante la tendencia a flexibilizar los requisitos para la materialización de esas innovaciones, se ofrecen en el texto nuevas formas de reinterpretar los principios en juego y las reglas que los concretan, en procura de fortalecer la congruencia del fallo en el marco de lo prefijado por quien acusa y frente a lo cual el justiciable se ha defendido, manteniendo en el juzgador la facultad de imponer el derecho de forma imparcial.
Este libro tiene por objeto de investigación el procedimiento penal acusatorio y oral, desde una perspectiva normativa, analítica y empírica. Normativa, porque parte de las normas fundamentales —derechos, principios, garantías— constitucionales, convencionales y procesales, así como de la interpretación jurisprudencial. Analítica, porque se refiere a la estructura procedimental para culminar con un juicio —sentencia—. Empírica, porque si bien parte de lo teórico y normativo, se complementa con lo que en realidad sucede en la tramitación de un procedimiento penal, tanto de tipo mixto como acusatorio, imprimiendo en todo ello la experiencia obtenida en la larga trayectoria profesional de la autora. Su base es documental, pues abarca la doctrina desarrollada por prominentes autores —Gadamer, Popper, Damaska, Ferrajoli, Taruffo, Foucault, entre otros—, legislación, jurisprudencia y casos reales, para concluir con propuestas relacionadas con el carácter epistémico del proceso penal acusatorio. El capítulo inicial parte de la evolución de los sistemas procesales, para mostrar que el primero en aparecer en la historia es el procedimiento acusatorio y no el inquisitorial. En el capítulo segundo se hace una breve referencia al garantismo, precisando qué debe entenderse por tal, así como la ideología y las razones políticas de su nacimiento. El capítulo tercero aborda los fines del proceso, tomando en cuenta que es importante distinguir las finalidades, porque de eso depende la forma de proceder para alcanzar las metas. Finalmente, los capítulos cuarto y quinto son torales, ya que tienen por objeto demostrar que el procedimiento acusatorio y oral tiene un carácter epistemológico, tanto el proceso como la decisión. Sin lugar a dudas, este libro llena un vacío en la literatura especializada sobre la materia, ya que nos ofrece las bases filosóficas y epistémicas del procedimiento penal, acusatorio y oral.
Además de presentar una revisión histórica del Estado como instrumento punitivo, así como de los modelos de enjuiciamiento hasta llegar a lo establecido en los códigos actuales, este libro analiza algunos aspectos relacionados con las teorías del proceso, el delito y la prueba. El objetivo es explicar el actual modelo acusatorio adversarial mexicano, a partir de la evolución del derecho penal. El autor desarrolla tres ejes: el proceso dentro del sistema de enjuiciamiento acusatorio, el funcionalismo normativo como teoría de imputación de responsabilidad penal y el régimen probatorio en el modelo adversarial nacional. También hace una descripción de las ideas penales y sus cambios a lo largo de diferentes corrientes de pensamiento, y culmina con una evaluación crítica de la implementación del modelo acusatorio adversarial en nuestro país.