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Este documento realiza un análisis de la evolución de la pobreza rural en América Latina y el Caribe, identificando dinámicas y tendencias, y argumenta sobre las distintas razones prácticas y estratégicas para que los países de la región renueven sus esfuerzos para reducir la pobreza rural en el marco de la agenda de desarrollo sostenible, introduciendo a su vez análisis y recomendaciones en las políticas y estrategias de mayor impacto sobre la pobreza, como las estrategias de protección social e inclusión productiva, el fomento de la productividad y capacidad de generación de ingresos con empleos de calidad de las actividades económicas territoriales, el acceso de la población a recursos naturales y su gestión sostenible, y el fortalecimiento de dinámicas territoriales entre el campo y la ciudad.
Luego de casi dos años desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la pobreza continúa afectando de manera desproporcionada a los territorios rurales en los países de ingresos bajos y medios. Aproximadamente el 80% de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza internacional de 1,9 dólares estadounidenses (en adelante, dólares) al día se encuentran en áreas rurales (Banco Mundial, 2020). De igual modo, la última actualización de las cifras del Índice de Pobreza Multidimensional Global (IPM) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), publicada en octubre de 2021, muestra que a nivel global, el 84% de personas en situación de pobreza multidimensional no monetaria aguda viven en áreas rurales (PNUD y OPHI, 2021). América Latina y el Caribe (ALC) es una región que replica en gran medida este patrón de pobreza global. De acuerdo con las estimaciones de CEPAL (2018), la tasa de recuento de pobreza monetaria rural en esta región alcanzó el 48,6% en 2016. De forma similar, Clausen (2021) muestra, con datos previos a 2020, que la incidencia de pobreza multidimensional en el área rural era sistemáticamente mayor que en el área urbana en la mayoría de los países en ALC, independiente de si se utilizan datos del IPM Global (Alkire, Kanagaratnam y Suppa, 2020), del Índice de Pobreza Multidimensional para América Latina (IPM-AL) (Santos y Villatoro, 2018) o de los índices de pobreza multidimensional oficiales implementados por varios países de la región en el marco de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). La pandemia del COVID-19 se inició en un contexto que ya era muy poco favorable en lo que respecta a la erradicación de las diferentes formas de pobreza rural. Poco más de un año antes del inicio de la emergencia sanitaria, el “Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe” (FAO, 2018) ya advertía sobre el aumento de la pobreza monetaria rural en la región luego de un periodo de más de dos décadas de sostenida reducción. Asimismo, las estimaciones de Alkire, Kovesdi et al.et al. (2020) para ALC ya mostraban una menor velocidad de reducción de la pobreza multidimensional rural en 92 de los 123 países de la región incluidos en su muestra.
This report provides a unique, sector-specific synthesis of the Nationally Determined Contributions (NDCs) from Latin America. It summarizes the substantial contributions already put forward by countries, opportunities for further action and the gaps, barriers and needs that will need to be addressed if the agriculture and land use sectors in Latin America are to raise mitigation and adaptation ambitions. The findings of this report will help member countries to reflect on their progress in advancing toward NDC priorities for agriculture and associated national climate goals including related targets under the SDGs. The analysis also helps to clarify the links between the NDCs from the region and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR). Finally, the report serves as a guide to FAO, as well as other international actors, for the support that will be required to help countries in the region to move forward to implement agriculture and land use sector priorities in their NDCs and ensure that future commitments from the agriculture sector are quantifiable, verifiable and sufficiently ambitious.