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Riesgos de la contratación estatal. Tipificación, valoración y asignación es un estudio jurídico de investigación de aspectos fundamentales y sustanciales en el tema de la tipificación, valoración y asignación de los riesgos en los contratos estatales entre la entidad contratante y contratista con base en el Estatuto de Contratación Administrativa o Ley 80 de 1993, junto con la actualización de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1510 de 2013 y del Decreto Unificado 1082 de 2015 modificado por el Decreto 142 de 2023. El libro se estructura en ocho capítulos que presentan el marco normativo, los fines y principios de la contratación estatal, su conmutatividad, equilibrio económico y financiero, las responsabilidades, riegos, garantías y amparo. Adicionalmente, incorpora dos capítulos donde se exponen las conclusiones y recomendaciones. Por la forma didáctica, coherente y sistemática en que está escrito, con un lenguaje claro y simple y de fácil comprensión, esta obra se encuentra dirigida a toda clase de profesionales que se encuentren manejando la Contratación del Estado y licitaciones públicas, entre otras. Además, se constituye como una herramienta y guía útil y práctica para todas las entidades estatales. Incluye: Estudio jurídico de investigación en los contratos estatales. Actualización y análisis de las leyes y decretos en el tema. Controversias de la contratación estatal en aspectos teóricos y prácticos. Efectos de la imprevisión en materia contractual. Lenguaje claro y simple y de fácil comprensión. Glosario de términos jurídicos.
Usted está a punto de leer una obra absolutamente innovadora en el campo de la contratación estatal. Gracias a ella se plantea, con lujo de detalle, la necesidad de abordar un tipo de riesgo cuyo manejo ha pasado desapercibido en Colombia y Latinoamérica, y cuya falta de dominio conceptual y práctico puede costarle un menoscabo al patrimonio público igual o superior que el generado por la corrupción. En esta obra no solamente se diagnostica, sino que también se propone una forma más completa de identificar, gestionar y cubrir los riesgos relacionados con la actividad contractual de la administración pública; como quiera que el riesgo asociado a la persona del proponente (y posteriormente del contratista), o riesgo de contraparte, es una realidad identificable e innegable en el mercado de las compras del sector público. El contraste con la desatención del riesgo asociado a las contrapartes, en la práctica de las relaciones contractuales del Estado, se pone entonces en evidencia. Al respecto, el presente texto resalta una premisa fundamental, de la cual no se tiene aún plena conciencia, que consiste en admitir – en palabras del autor – que "oferta y proponente son dos asuntos completamente distintos".
Spanish Abstract: El manejo del riesgo de incumplimiento atribuible a las características de los proveedores en la contratación pública en Colombia se limita a la exigencia de garantías, medidas contractuales de presión o la implementación de cláusulas exorbitantes al derecho común. En tal sentido, el Estado colombiano carece de una metodología para monitorear el riesgo que los proveedores acumulan con el tiempo y el riesgo que les es sobreviniente por circunstancias técnicas, financieras o de mercado; de ahí que no cuente con un registro de información parametrizada para clasificar a los contratistas acorde con su historial de desempeño, calidad y proclividad al incumplimiento contractual. Ante lo dicho, el Estado no cuenta con suficientes medidas previas de mitigación para contrarrestar los efectos nocivos derivados de un reconocido “mal prestador” o de un contratista con potencial de riesgo de incumplimiento medio o alto. Por el contrario, las garantías y exigencias requeridas durante el proceso de selección aplican de igual forma para todos los interesados, sin que haya diferenciación frente a quienes presenten un historial de incumplimientos, multas y/o sanciones, entre otras especificaciones de riesgo. El presente escrito plantea la necesidad de asimilar el concepto de riesgo inherente al proveedor como criterio objetivo y estandarizado, desde una perspectiva preventiva más que correctiva, de tal suerte que el Estado pueda mejorar la efectividad de sus contratos públicos y disminuir la materialización de los efectos negativos derivados de la contratación fallida.
La tipificación, estimación y asignación de riesgos cuenta con gran importancia dentro de los contratos estatales por ser la materialización de los principios de planeación, economía y responsabilidad dentro de la contratación pública. Para la elaboración de la matriz de riesgos se debe realizar un trabajo mancomunado entre el Estado y los contratistas que priorice la ejecución de los contratos estatales y que, a pesar de la ocurrencia de hechos imprevistos e incluso previstos, no genere una consecuencia diferente a la de cumplir con las obligaciones contractuales. Las reclamaciones de los contratistas en vía administrativa y las condenas al Estado por vía judicial permiten inferir que algo no está funcionando en la relación de colaboración entre las partes y en cuanto a la estimación y asignación de los riesgos, bien sea porque no se tienen en cuenta todos los riesgos que posiblemente se pueden materializar o porque los hechos desbordan...