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Las presentes directrices se publicaron por primera vez en 2007, con el apoyo del gobierno de Irlanda poco tiempo después de que se adoptara la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), con el fin de promover una nueva visión de la discapacidad en tanto que cuestión de derechos humanos. En principio, están destinadas a quienes elaboran políticas y redactan leyes, en especial, en los Estados Partes de la CDPD que deben revisar su legislación nacional, y su finalidad es ayudar a enmendar las leyes existentes y elaborar nuevas leyes que resulten pertinentes para los hombres y mujeres con discapacidad, así como elaborar reglas y políticas que permitan la aplicación de dichas leyes. En esta segunda edición, las directrices se han actualizado centrándose en conceptos fundamentales de la normativa internacional (igualdad de oportunidades, no discriminación, trato equitativo de hombres y mujeres) y proporcionando ejemplos de legislación y práctica en países de todo el mundo, teniendo en cuenta la rápida evolución de la legislación nacional así como las medidas de aplicación y cumplimiento.
Dirigida a los responsables de la elaboración de políticas y a los administradores de los servicios de colocación de empleos generales y especializados, tanto de los órganos gubernamentales como de los no gubernamentales. Dado que ayudar a los demandantes de empleo discapacitados a encontrar un puesto de trabajo es una tarea relativamente nueva para los servicios de colocación en los países de América Latina, es preciso reforzar el funcionamiento general de dichos servicios de forma que puedan determinar mejor cuáles son los puestos de trabajo adecuados a estas personas en el mercado de trabajo libre.
Elaboradas por la Comision de Desarrollo Social del Consejo Economico y Social de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollan la manera de eliminar la discriminacion de las personas con discapacidad y lograr su integracion a la sociedad.
Este repertorio reconoce las grandes aportaciones que pueden ofrecer las personas con discapacidades y ofrece a los empleadores valiosas orientaciones sobre la forma de resolver las dificultades relacionadas con las discapacidades, tanto si son de índole profesional como si no están relacionadas con el trabajo.
La presente Obra pretende ser una efectiva vía de difusión de la Convención y contribuir a alcanzar el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de derechos y libertades para todas las personas con discapacidad. Tomando como punto de inflexión la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la obra se analiza con rigor tanto el camino recorrido, recopilando trabajos e informes del Comité Especial de la ONU; como el que queda por recorrer para su integración tanto en el ordenamiento internacional como en los estatales. Recoge de forma sintética y sencilla los principales aspectos del instrumento convencional, así como un listado de referencias legales y doctrinales en materia de discapacidad, completando su temática con un índice de materias que facilita su localización en el texto. Contiene tanto el texto de la propia Convención como el Protocolo facultativo aprobados por el Comité Especial, y la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esta guía forma parte de los esfuerzos llevados a cabo por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, en los últimos años, para aportar instrumentos de análisis y de clarificación en lo que se refiere a conseguir el objetivo proclamado en las Normas Uniformes, de Naciones Unidas, de lograr, por parte de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.
La aprobación de Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad encuentra su fundamento en el artículo 4 de la Convención, en virtud del cual los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. Recogidas en el preámbulo de la Ley 26/2011 se señalan que: La presente Ley, por tanto, ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo precedente inmediato sería la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pero da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva. En este material encontraran la voz de los verdaderos promotores y protagonistas del mundo de la discapacidad.
Se estructura en nueve capítulos en los que se estudia el concepto jurídico-laboral del discapacitado, la integración en el mercado de trabajo y su contratación laboral, los novedosos enclaves laborales, las peculiaridades en el colectivo de la extinción del contrato de trabajo, la proyección esencial del principio de igualdad de trato y de no discriminación en las personas con discapacidad, su específica prevención de riesgos laborales, el impacto en dichas personas de las normas de conciliación de la vida familiar y laboral y un conjunto variado de cuestiones jurídico-laborales resultantes de un análisis convencional, que examina el papel de la negociación colectiva en la regulación específica de condiciones de trabajo de los discapacitados, desembocando el contenido del libro en una última reflexión general sobre los derechos laborales del colectivo.
Obra básica para instituciones que quieren asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, abriendo oportunidades a su participación en la sociedad, reconociendo el derecho a que se pueda acudir a estos organismos internacionales y siendo una guía práctica para estos menesteres para toda fundación u ONG que entre sus fines incluyan la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.