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En 1959 Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque, legalmente, esta Declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso en 1978, el Gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. La Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por todos los países del mundo excepto Estados Unidos. El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los 54 artículos que componen el texto recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México es un marco legal integral que busca garantizar y proteger los derechos fundamentales de los menores de edad en el país. Promulgada en 2014, esta ley establece principios como el interés superior del niño, el derecho a la igualdad, la no discriminación y el respeto a su identidad cultural. La legislación abarca diversos aspectos, como la salud, educación, participación, protección, y acceso a la justicia. También enfatiza la prevención, erradicación de la violencia infantil, explotación laboral y abuso sexual. Se establecen mecanismos para la atención y restitución de derechos en casos de vulneración. Además, impulsa la creación de políticas públicas específicas, fortalece los sistemas de protección de derechos, como los sistemas de procuración y administración de justicia especializados para menores. En resumen, el propósito es asegurar un entorno propicio para el desarrollo integral, el bienestar de los menores, fomentando su participación activa y promoviendo su protección frente a situaciones adversas. Indexada para fácil navegación.