Javiera Cubillos Almendra
Published: 2016
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Esta tesis indaga en la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile (2000-2015) desde una perspectiva de género en articulación con otros ejes de exclusión. La salud sexual y reproductiva en Chile ha sido un ámbito bastante polémico. Si bien Chile fue el primer país latinoamericano en abordar la planificación familiar como asunto público (1967), actualmente es considerado uno de los países más conservadores de la región, entre otras cosas, por contar con una de las legislaciones más punitivas en materia de aborto (1989). Los lentos avances en este ámbito responden a una historia marcada por la dictadura militar (1973-1989), periodo en el que el Estado asume un rol subsidiario y promueve una política pro natalista. En este escenario, grupos de la sociedad civil –principalmente asociados al movimiento feminista y de mujeres– han exigido al Estado cumplir con los acuerdos internacionales, a partir de la formulación de políticas públicas acorde con los derechos humanos y la igualdad de género. Estas demandas, sin embargo, han sido desestimadas, lo que evidencia un déficit de integración social (Hurtado, Pérez y Dides, 2004). Ésta es la razón principal que justifica el interés de estudiar la propuesta de inclusión social de la política de salud sexual y reproductiva en Chile, con propósito de conocer los diferentes discursos sobre inclusión sostenidos por actores gubernamentales y de la sociedad civil. La pregunta principal de investigación es por lo tanto la siguiente: ¿Cuál es la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile –en los ámbitos de la educación sexual y de la regulación de la fertilidad— durante el periodo 2000- 2015? Esta tesis aborda la dimensión ético-normativa de las políticas públicas, que habla del deber ser propuesto por éstas: qué asuntos atender, qué fines perseguir y cómo alcanzarlos, quiénes pueden dialogar/decidir sobre estos asuntos y para quiénes se piensan estas intervenciones. La normatividad planteada por las políticas públicas –sobre todo en el ámbito de la sexualidad— no es neutral, sino que está mediada por los discursos naturalizados sobre el género y otros ejes de exclusión (clase social, etnicidad y discapacidad, entre otros). De manera que las políticas de Estado pueden tanto vulnerar como apoyar el ejercicio de la autonomía sexual y reproductiva de las personas; profundizar o revertir las dinámicas de exclusión vigentes...