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With the 2006 election of Michelle Bachelet as the first female president and women claiming fifty percent of her cabinet seats, the political influence of Chilean women has taken a major step forward. Despite a seemingly liberal political climate, Chile has a murky history on women's rights, and progress has been slow, tenuous, and in many cases, non-existent. Chronicling an era of unprecedented modernization and political transformation, Jadwiga E. Pieper Mooney examines the negotiations over women's rights and the politics of gender in Chile throughout the twentieth century. Centering her study on motherhood, Pieper Mooney explores dramatic changes in health policy, population paradigms, and understandings of human rights, and reveals that motherhood is hardly a private matter defined only by individual women or couples. Instead, it is intimately tied to public policies and political competitions on nation-state and international levels. The increased legitimacy of women's demands for rights, both locally and globally, has led to some improvements in gender equity. Yet feminists in contemporary Chile continue to face strong opposition from neoconservatism in the Catholic Church and a mixture of public apathy and legal wrangling over reproductive rights and health.
Esta tesis indaga en la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile (2000-2015) desde una perspectiva de género en articulación con otros ejes de exclusión. La salud sexual y reproductiva en Chile ha sido un ámbito bastante polémico. Si bien Chile fue el primer país latinoamericano en abordar la planificación familiar como asunto público (1967), actualmente es considerado uno de los países más conservadores de la región, entre otras cosas, por contar con una de las legislaciones más punitivas en materia de aborto (1989). Los lentos avances en este ámbito responden a una historia marcada por la dictadura militar (1973-1989), periodo en el que el Estado asume un rol subsidiario y promueve una política pro natalista. En este escenario, grupos de la sociedad civil –principalmente asociados al movimiento feminista y de mujeres– han exigido al Estado cumplir con los acuerdos internacionales, a partir de la formulación de políticas públicas acorde con los derechos humanos y la igualdad de género. Estas demandas, sin embargo, han sido desestimadas, lo que evidencia un déficit de integración social (Hurtado, Pérez y Dides, 2004). Ésta es la razón principal que justifica el interés de estudiar la propuesta de inclusión social de la política de salud sexual y reproductiva en Chile, con propósito de conocer los diferentes discursos sobre inclusión sostenidos por actores gubernamentales y de la sociedad civil. La pregunta principal de investigación es por lo tanto la siguiente: ¿Cuál es la noción de inclusión social que propone la política de salud sexual y reproductiva en Chile –en los ámbitos de la educación sexual y de la regulación de la fertilidad— durante el periodo 2000- 2015? Esta tesis aborda la dimensión ético-normativa de las políticas públicas, que habla del deber ser propuesto por éstas: qué asuntos atender, qué fines perseguir y cómo alcanzarlos, quiénes pueden dialogar/decidir sobre estos asuntos y para quiénes se piensan estas intervenciones. La normatividad planteada por las políticas públicas –sobre todo en el ámbito de la sexualidad— no es neutral, sino que está mediada por los discursos naturalizados sobre el género y otros ejes de exclusión (clase social, etnicidad y discapacidad, entre otros). De manera que las políticas de Estado pueden tanto vulnerar como apoyar el ejercicio de la autonomía sexual y reproductiva de las personas; profundizar o revertir las dinámicas de exclusión vigentes...
Se basa en dos investigaciones relativas a la sexualidad de los adolescentes. La primera es una encuesta a adolescentes, donde el foco está puesto en analizar en qué se asemeja o diferencia el comportamiento sexual de los adolescentes, dependiendo de sí son hombres o mujeres. El estudio abordó sobre todo las opiniones, valores y creencias de muchachas y muchachos entre 15 y 19 años y averiguó en qué medida desearían contar con servicios de salud sexual y reproductiva especialmente concebidos para ellos. Puesto que los adolescentes siempre dependen de los adultos en su vida, y muy en particular en el terreno sexual, la segunda investigación fue también una encuesta, que pretendió dar cuenta de la mirada adulta respecto de la sexualidad adolescente. Indagó acerca de las opiniones y valores de adultos que toman decisiones en el aparato público de salud y de educación y que serían las personas llamadas a influir en el momento en que se discutiera acerca de la política para los adolescentes, en particular, sobre la conveniencia de implementar centros de salud sexual y reproductiva para ellos, ya no en tanto medida aislada si no como parte de un programa general y nacional.
Se aborda una temática que se ha debatido y ha sido controversial durante muchas décadas de la historia de Chile, más aún cuando esta se ubica en la esfera pública como parte de la política educativa. ¿Familia o Estado? Es la interrogante siempre presente sobre quién, finalmente, es responsable de entregar la educación sexual a las nuevas generaciones. Es esta discusión la que ha ido marcando los cambios en los límites en el abordaje de contenidos y enfoques, así como la proactividad de las autoridades en la implementación de los programas de educación sexual en los establecimientos educacionales.