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En el interior de una democracia constitucional se viven fricciones que son resultado de la convergencia entre diversos ideales políticos (la soberanía popular o el ideal de un poder limitado para evitar la arbitrariedad), así como de la pluralidad ideológica propia de las sociedades modernas. Una filosofía constitucional pretende brindar un punto de vista para articular coherentemente algunos de los ingredientes esenciales de una constitución democrática y liberal, los derechos fundamentales, el gobierno popular y la jurisdicción constitucional. En este libro se analizan tres modelos de filosofía constitucional, bajo el entendido de que será exitoso aquel que armonice sus piezas con el propósito de aliviar las tensiones internas que le aquejan, como la que desemboca en la objeción contramayoritaria a la judicial review y en el problema de la llamada "última palabra". Tras el análisis y crítica de esos modelos, la obra se decanta por un constitucionalismo de corte deliberativo (denominado "equilibrado") que subraya la naturaleza político-discursiva de los derechos, la necesidad de operar ajustes institucionales para incrementar el potencial deliberativo de las decisiones de Estado, así como la relevancia de una justicia constitucional de carácter débil. La filosofía constitucional deliberativa se opone así al constitucionalismo sustantivista, coincidente con esquemas institucionales de jurisdicción constitucional fuerte, y al constitucionalismo procedimentalista, compatible con sistemas de carácter parlamentario. Leopoldo Gama Abogado mexicano y doctor en derecho por la Universidad de Alicante (España). Su trabajo académico se centra en el área de los tribunales constitucionales y la aplicación judicial de los derechos. Fue coordinador del libro Derechos políticos y democracia en México (2015) y de Diálogos para la justicia abierta (2017). En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México) ha ocupado cargos en áreas jurisdiccionales y de formación judicial. Adicionalmente, se ha desempeñado en el ámbito docente como profesor a nivel licenciatura en derecho y posgrado de Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Interpretación Constitucional y Argumentación Jurídica.
Esta obra es producto de una serie de reflexiones que giran en torno a dos temáticas fundamentales del constitucionalismo contemporáneo, como son el papel del juez en la creación del derecho y la reforma de la Constitución, y la delimitación entre el poder constituyente derivado y el poder constituyente originario. ¿Cuál es el alcance del poder creador del juez? y ¿cuáles son los límites al poder constituyente derivado? En los sistemas de tradición continental se le reconoce al juez un papel creador de derecho, bien sea para llenar los vacíos de la ley, dirimir conflictos de interpretación de las leyes o realizar cambios en la jurisprudencia. A ello se suma la supremacía del juez constitucional, que responde a la prevalencia de los derechos fundamentales, quien cuenta con una mayor autonomía, adaptando sus fallos a la realidad social y al interés general. No por ello el juez debe sobrepasar los límites que la Constitución le impone, porque un juez con autoridad suprema y regulador de la vida social puede generar inseguridad.
En 25 años de vida institucional, el Tribunal Constitucional ha tenido importantes aportes, pero también ha generado debates y críticas con sus decisiones. En un balance general, sin embargo, los logros son evidentes. El desarrollo de las instituciones de la democracia, empezando por el Parlamento, ha encontrado en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional un importante respaldo para mejorar su desempeño. En el caso del Congreso, en algunas de sus últimas decisiones, el Tribunal se ha referido a la calidad de la deliberación de las leyes, intensificando su estándar de control a la legislación incluso a nivel del procedimiento legislativo. Su jurisprudencia sobre el control del razonamiento del juez ordinario ha generado, por otro lado, un importante diálogo judicial que, sin lugar a duda, ha permitido mejorar los estándares de calidad de la tutela judicial efectiva. Otro tanto ha ocurrido con las sentencias sobre la administración pública. Desde la discrecionalidad administrativa, hasta la proporcionalidad de las sanciones de los órganos administrativos, el TC ha participado activamente controlando el poder de la administración frente a los ciudadanos. La necesidad de un balance sobre el impacto de la jurisprudencia del TC en nuestro sistema jurídico nos convocó en el mes de junio pasado a un grupo de profesores del área del Derecho Constitucional de distintas universidades, para discutir los diversos aportes y desafíos de la justicia constitucional en nuestro país. Aquí se recoge un conjunto de aquellas ponencias que dan testimonio de este importante evento. De la Presentación César Landa Arroyo Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares (España), postdoctorado en la Universidad de Bayreuth y en el Max-Planck-Institut para el Derecho Público y Derecho Internacional (Alemania). Profesor Principal de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú y ex Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. Vicepresidente de la International Association of Constitutional Law, comisionado de la International Commission of Jurist. Pedro P. Grández Castro Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Política Jurisdiccional (PUCP-2006). Máster en Argumentación Jurídica (U. de Alicante, 2011). Ha concluido estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo-España, 2003-2005). Ha sido Becario del Gobierno Español para asistir al II Curso sobre Gobernabilidad y Desarrollo Institucional (Universidad de Alcalá de Henares, 2003). Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la UNMSM y de la PUCP. Ha sido asesor Jurisdiccional del Tribunal Constitucional y Director Ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Director General de la Academia de la Magistratura y Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Actualmente es Director de la editorial jurídica Palestra Editores.
"El Juez Constitucional, sea que se trate de un Tribunal Constitucional especializado o de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de un país, tiene como misión esencial el garantizar la vigencia de la Constitución, y con ello, la vigencia del Estado democrático de derecho; asegurar el derecho del pueblo a ser gobernado por sus representantes electos mediante sufragio; preservar el funcionamiento del Estado bajo el principio de la separación de poderes, y velar porque todos los órganos del Estado acaten la Constitución. Bajo ese ángulo, por tanto, es inconcebible que un Juez Constitucional pueda tener como misión la de demoler el Estado de derecho y, con ello, destruir las bases del sistema democrático representativo y participativo. Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela a partir de 1999, y durante los últimos 20 años (1999-2018), cuando el Juez Constitucional se convirtió en el más importante y perverso instrumento utilizado por el régimen autoritario que asaltó el poder en 1999, mal utilizando métodos democráticos, para demoler los principios de la democracia. Este libro del profesor Allan R. Brewer-Carías analiza ese proceso, de cómo, siguiendo las propuestas formuladas bajo el mote de un “nuevo constitucionalismo” que un grupo de profesores españoles lograron introducir en América Latina de la mano de Presidentes autoritarios, primero en Venezuela, con Hugo Chávez, y luego en Ecuador y Bolivia, con Rafael Correa y Evo Morales; se fueron demoliendo progresivamente los principios de la democracia representativa bajo el espejismo de sustituirla por una falaz “democracia participativa,” cuyos principios, aparte de quedar algunos plasmados en el texto de las Constituciones, no llegaron a implementarse, y resultaron ser una gran mentira. Todo ese proceso destructivo se basó en la propuesta inicial de la convocatoria de Asambleas Constituyente “populares” no reguladas ni previstas en los textos constitucionales, las cuales abrieron la puerta para que las Constituciones perdieran todo principio de rigidez y supremacía. El resultado –y es el caso de Venezuela que se estudia en este libro– fue un catastrófico desmantelamiento de los principios democráticos y de la separación de poderes, lamentablemente ejecutado desde dentro del propio Estado, utilizándose para ello al propio Juez Constitucional, el cual, como instrumento malévolo, fue dictando sentencias tras sentencias, “a la carta” o a la medida, tal como le fue requerido por el Poder Ejecutivo conforme avanzaba la entronización del régimen autoritario. El objeto central de este libro es el estudio de todas esas sentencias".
Esta obra se compone de algunos artículos sobre los temas de la justicia constitucional y de los procesos constituyentes que se han publicado en español en distintas sedes editoriales europeas, a lo largo de los últimos años. El trabajo de un investigador siempre está caracterizado por algunas ideas de fundo o líneas de investigación recursivas, así que también en este caso se pueden subrayar dos constantes en cada ensayo: de un lado, la perspectiva comparada y la atención hacia la aplicación correcta de su método; del otro, y andando al grano, el tema de la participación como elemento jurídico que caracteriza el constitucionalismo del nuevo milenio, con independencia del área del derecho tratada.