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El trabajo aborda con amplitud la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducidas definitivamente en el derecho positivo español a raíz de la reforma operada por medio de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. A tal efecto, se proporcionan los instrumentos técnicos necesarios para acercarse al nuevo sistema que hasta la fecha carecía tanto de estudios específicos como de precedentes jurisprudenciales. No obstante, en la medida en que en el Derecho administrativo sancionador ya se conocía el fenómeno paralelo de la responsabilidad de las entidades, se realizan frecuentes excursos el estado del debate doctrinal y jurisprudencial en ese preciso campo, el cual constituye una referencia obligada.Además la obra cuenta con exhaustivas referencias bibliográficas y unos cuidados índices, tanto sistemáticos como por materias, para facilitar la consulta.Este libro es una obra verdaderamente útil para quien se quiera acercar a la compleja problemática que se deriva de esta muy significativa novedad legislativa.
El trabajo aborda con amplitud la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducidas definitivamente en el derecho positivo español a raíz de la reforma operada por medio de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. A tal efecto, se proporcionan los instrumentos técnicos necesarios para acercarse al nuevo sistema que hasta la fecha carecía tanto de estudios específicos como de precedentes jurisprudenciales. No obstante, en la medida en que en el Derecho administrativo sancionador ya se conocía el fenómeno paralelo de la responsabilidad de las entidades, se realizan frecuentes excursos el estado del debate doctrinal y jurisprudencial en ese preciso campo, el cual constituye una referencia obligada.Además la obra cuenta con exhaustivas referencias bibliográficas y unos cuidados índices, tanto sistemáticos como por materias, para facilitar la consulta.Este libro es una obra verdaderamente útil para quien se quiera acercar a la compleja problemática que se deriva de esta muy significativa novedad legislativa.
Resumen: La introducción, en el año 2010, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supuso una revolución, no sólo para el Derecho Penal, sino también para el Derecho Procesal. El proceso penal se ha desarrollado a lo largo de los años desde una perspectiva antropocéntrica. En este sentido, los derechos procesales del investigado o encausado y su intervención en las distintas fases del proceso, tradicionalmente, han partido de la base de que la acción penal se dirige frente a una persona física viva. Por eso, la irrupción de las personas jurídicas en este escenario, como nuevo sujeto pasivo del proceso penal, implica poner en entredicho equilibrios dogmáticos alcanzados a lo largo de los años. En esta obra se analizan aquellas cuestiones problemáticas que plantea el hecho de que la parte pasiva del proceso penal sea una persona jurídica, concretamente en la fase de la instrucción penal. El trabajo pretende ser una aportación útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, ofreciendo soluciones a los problemas planteados, así como propuestas de lege ferenda en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Así pues, en la presente monografía se analizan exhaustivamente los planteamientos tendentes a introducir el principio de oportunidad en los procesos penales frente a los entes colectivos, la imputación de la persona jurídica, la determinación del estatuto jurídico procesal que le corresponde en tanto que investigada-encausada, la investigación de los delitos cometidos por organizaciones empresariales, con especial énfasis en el fenómeno de las investigaciones intraempresariales y sus riesgos, así como el sistema de medidas cautelares previsto para las personas jurídicas. El trabajo se corresponde con una de las líneas de investigación desarrollada por la autora, quien presentó en su día la tesis doctoral con "mención internacional" sobre "La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal", en la cual se dio respuesta exhaustiva, desde una óptica teórico-práctica, a todas aquellas incógnitas que, desde la perspectiva procesal, surgieron a raíz de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La pregunta central que se pretende responder en este libro es si una empresa, constituida como persona jurídica, puede ser llamada a responder frente a la comunidad por un delito cometido a propósito de su funcionamiento en forma independiente a sus integrantes individualmente considerados. Y si lo anterior puede hacerse o no en términos tales que se entienda como compatible con aquello que debiéramos comprender por responsabilidad penal. Por lo tanto, no interesa aquí si la empresa debe cargar o no con las consecuencias del hecho delictivo que se lleva a cabo a propósito de su funcionamiento en un sentido amplio, sino más bien si esta carga puede o no ser definida como pena, es decir, si puede reprocharse a la empresa como sujeto de imputación su propia contribución al hecho delictivo en cuestión. El propósito de este ensayo es presentar ciertas bases para un modelo de responsabilidad penal de la empresa que responda a la idea de responsabilidad en sentido estricto y, a su vez, evidenciar la introducción de una serie de criterios para la imposición de responsabilidad que debieran ser considerados incompatibles con la lógica propia de la responsabilidad penal, mediante un análisis crítico de la forma como se ha justificado esta institución por parte de la doctrina penal europea. Osvaldo Artaza Varela es Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y Magíster de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Actualmente se desempeña como docente e investigador del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, donde ocupa el cargo de coordinador de extensión en el área de Derecho penal económico. Además es director de la revista de análisis jurídico Razonamiento Penal. También desarrolla labores de asesoría en materias vinculadas al diseño e implementación de programas de cumplimiento para la prevención de conductas delictivas en la empresa.
La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).El autor analiza detalladamente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los mencionados tipos penales, con exhaustiva cita de precedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de mostrar y acotar los evasivos límites existentes entre las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias en que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de una profesión esencial para el normal desenvolvimiento de cualquier Estado, y más si se define como de derecho.