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El nivel del gasto en desarrollo y conservación de la infraestructura es un determinante del desarrollo de América Latina y el Caribe. En este sentido, el mayor rezago se observa en el sector de transporte, principalmente en carreteras, manteniendo estándares por debajo de los países de ingreso medio (OCDE, CAF y CEPAL, 2013). En este marco, es aceptado que la institucionalidad que los países desarrollan para llevar adelante el proceso vial repercute en los resultados económicos que se obtienen, pero la conceptualización de los mecanismos por los que ello ocurre no es generalmente abordada, fundamentalmente debido a la enorme dificultad de la tarea. El BID ha realizado un extenso proceso de investigación para abordar la relación entre las características de las instituciones viales y su performance sectorial. El objetivo final es producir recomendaciones de política pública, en base al análisis del impacto en la eficiencia de las elecciones institucionales actuales.
Este documento, que sirve de base a la Estrategia de seguridad vial del BID, es un análisis exhaustivo del estado de la seguridad vial en los países América Latina y el Caribe. El estudio incluye un análisis de los aspectos institucionales, de financiación, planes de seguridad vial, estadísticas de siniestros, infraestructura, parque vehicular, políticas educativas y de formación vial además de aspectos de legislación y normativa que han afectado a la región entre 2005 y 2009 en materia de seguridad vial. Los resultados de esta investigación de campo y escritorio, arrojaron datos alarmantes al identificar que la región tiene una tasa de mortalidad / siniestralidad de aproximadamente 17 por cada 100,000 habitantes, casi el doble del promedio mundial y muy por arriba de la registrada en países de alto ingreso. La mitad de las muertes en la región ocurren en zonas urbanas y entre grupos de alta vulnerabilidad y riesgo (motociclistas, ciclistas, peatones y otros modos de transporte no motorizado). Aunado al sufrimiento que esta realidad representa para los heridos y familiares, también genera una importante demanda en la atención pre-hospitalaria y de trauma, además de una sobrecarga para los servicios de salud y un alto costo para toda la sociedad.
El Banco Interamericano de Desarrollo asigna prioridad al problema de los accidentes de tránsito en la región. En este sentido, ha lanzado una iniciativa dirigida a respaldar a sus países miembros en el desarrollo y la ejecución de estrategias y planes de acción que fortalezcan la seguridad vial. La iniciativa aspira a minimizar las pérdidas humanas, sociales y económicas que resultan de la inseguridad en el tránsito. El Banco está promoviendo iniciativas que fomenten políticas coordinadas con programas que incentiven la participación de todos los sectores para prevenir y reducir los accidentes viales en la región.
Este informe resume los principales resultados de una investigación desarrollada para determinar el estado de la gestión de activos en ALC y compararlo con las mejores prácticas a nivel global, a fin de proponer estrategias de cómo mejorar dicha gestión y de preparar una hoja de ruta básica para avanzar en la materia, según el estado actual de cada agencia vial.
El problema de seguridad vial y sus consecuencias a nivel mundial ha ido cobrando importancia en los últimos años, especialmente a darse a conocer cifras de diversas fuentes como la Organización Mundial de la Salud, algunos otros componentes de las Naciones Unidas y otras. El número de muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial es de unos 1.2 millones de personas por año. Con el objeto de enfrentar esta realidad, la Unidad de Transporte de la CEPAL se ha encargado de este estudio sobre la situación referente a la seguridad vial en los países de América Latina y el Caribe.
La sociedad parece haber tomado conciencia de que, en general, los problemas de transporte no sólo se manifiestan en una mayor cantidad de ámbitos, sino que han adquirido mayor severidad, tanto en países industrializados como en los en desarrollo. En los últimos años el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han traído como consecuencia, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales, bastante mayores que los considerados aceptables por los ciudadanos. El transporte urbano en las ciudades mayores insume alrededor de 3.5% del PIB regional, fracción abultada por la incidencia de la congestión del tránsito. También al costo de la congestión en términos de pérdida de eficiencia económica, hay que sumarle sus consecuencias negativas para la sociedad.