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Gracias a la Iniciativa Ciudadana Europea, un millón de ciudadanos de la Unión Europea (UE) procedentes de siete Estados miembros como mínimo pueden pedir a la Comisión Europea que proponga legislación en alguno de sus ámbitos de competencia. Es un derecho garantizado por los Tratados de la Unión. Las normas y procedimientos por los que se rige la Iniciativa Ciudadana Europea quedaron establecidos en un Reglamento de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en febrero de 2011.
Una Unión Europea más democrática y transparente es una de las prioridades de la Comisión Juncker. De ahí la especial importancia a este respecto de la iniciativa ciudadana europea, que ofrece a los ciudadanos de Europa la posibilidad de expresar muy concretamente sus preocupaciones e influir en la agenda política y legislativa. El 31 de marzo de 2015, la Comisión publicó su primer informe sobre la aplicación de este instrumento. En tan solo tres años de existencia, los hechos demuestran el interés público por la iniciativa ciudadana. Baste decir que unos seis millones de ciudadanos ya han ejercido este nuevo derecho y tres iniciativas han conseguido reunir más de un millón de firmas. Pero no ignoramos que aún se pueden perfeccionar determinados aspectos: por ello hemos puesto en marcha un ejercicio de reflexión sobre posibles opciones de mejora, en el que queremos que participen todos los interesados.
"Gracias a la Iniciativa Ciudadana Europea, un millón de ciudadanos de la Unión Europea (UE) procedentes de siete Estados miembros como mínimo pueden pedir a la Comisión Europea que proponga legislación en alguno de sus ámbitos de competencia. Es un derecho garantizado por los Tratados de la Unión. Las normas y procedimientos por los que se rige la Iniciativa Ciudadana Europea quedaron establecidos en un Reglamento de la UE, adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en febrero de 2011."--Editor.
En el momento presente de construcción de una Europa unida, tienen lugar numerosos intentos de complementar el papel de los partidos y de las instituciones representativas, mediante el apoyo de mecanismos de democracia deliberativa y participativa, incluidos mecanismos de democracia cuasidirecta, como es el caso de la «Iniciativa Ciudadana Europea» (ICE). Estos mecanismos reguladores de la iniciativa legislativa popular existen por supuesto en muchas democracias a escala nacional, no solo en la UE. El trabajo de Carlos María Bru sobre la ICE disecciona de forma rigurosa los orígenes, la situación actual, su evolución a través de sucesivas iniciativas legislativas y debates parlamentarios de los ciudadanos europeos de ese instrumento, y su posterior desarrollo a través del Reglamento UE 2019/788. La lectura de esta obra es sumamente esclarecedora sobre la relación entre las instituciones y procedimientos de la democracia representativa y el que corresponde a lo que el autor denomina democracia «cuasidirecta». También establece las diferencias conceptuales entre esos términos y otros como la democracia directa, los plebiscitos y los referendos. Carlos María Bru conoce el tema a la perfección, no en vano viene trabajando sobre el mismo desde sus tiempos de parlamentario europeo (del prólogo de Joaquín Almunia Amann).
This book updates and revalidates critical political economy of communication approaches. It is destined to become a work of reference for those interested in delving into debates arising from the performance of traditional and new media, cultural and communication policy-making or sociocultural practices in the new digital landscape.
This edition of the World Bank has been revised and expanded by the Terminology Unit in the Languages Services Division of the World Bank in collaboration with the English, Spanish, and French Translation Sections. The Glossary is intended to assist the Bank's translators and interpreters, other Bank staff using French and Spanish in their work, and free-lance translator's and interpreters employed by the Bank. For this reason, the Glossary contains not only financial and economic terminology and terms relating to the Bank's procedures and practices, but also terms that frequently occur in Bank documents, and others for which the Bank has a preferred equivalent. Although many of these terms, relating to such fields as agriculture, education, energy, housing, law, technology, and transportation, could be found in other sources, they have been assembled here for ease of reference. A list of acronyms occurring frequently in Bank texts (the terms to which they refer being found in the Glossary) and a list of international, regional, and national organizations will be found at the end of the Glossary.
This book highlights policy lessons in using ICTs to provide information, opportunities for consultation and public participation in policy-making. It includes numerous examples of current practice from 12 OECD member countries (Australia, Canada ...