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Marcada históricamente por el conocimiento de acciones en el marco de las pretensiones declarativas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocía de procesos ejecutivos debido a que se entendía que esta clase de procedimientos correspondía al dominio exclusivo del derecho procesal civil y, en consecuencia, era de conocimiento privativo de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, con ocasión de la expedición de la legislación que le asignó al juez administrativo competencias en la materia, el asunto se convirtió en un gran desafío para el Consejo de Estado, corporación a la que le correspondió confrontar las particularidades de este singular proceso ejecutivo y suplir por vía jurisprudencial los vacíos dejados por el legislador. En últimas, lo que se pretende es forzar a la Administración a ejecutar lo debido, asunto no exento de peculiaridades. En desarrollo de esa tarea el Consejo de Estado ha desempeñado una loable labor interpretativa, sistemática y articuladora de las normas procesales con el propósito de fijar las reglas adecuadas para su trámite. En este trabajo se presenta y consolida el estado del arte de la jurisprudencia en la materia, así como las vicisitudes que ha debido afrontar en su desarrollo constitucional y legal. Además, se exponen algunas reflexiones sobre el tema y se ofrece una propuesta desde la práctica judicial, con el fin de hacer más efectivo el pago de una sentencia.
Las palabras y las clasificaciones pueden revelar la realidad, pero también pueden distorsionarla, ocultarla o, incluso, cambiarla, de manera progresiva. Como lo sostuvo Montesquieu, "Yo he tenido ideas nuevas; ha habido necesidad por tanto de encontrar nuevas palabras o de dar a las antiguas nuevas significaciones". El derecho es lenguaje, y en ese sentido pretende transformar la realidad social. En esta obra el contencioso administrativo se acompaña de dos adjetivos que muestran su clasificación y sacan a la luz una porción importante del mismo oculta por bastante tiempo: el contencioso administrativo no jurisdiccional y el contencioso administrativo jurisdiccional. El eclipse histórico del contencioso administrativo no jurisdiccional significó que la Ley 1437 de 2011 se dividiera en dos partes: una dedicada al procedimiento administrativo y otra al contencioso administrativo, aunque en realidad en los procedimientos administrativos también hay contencioso administrativo y en la segunda parte del Código no hay más que una porción del panorama del contencioso administrativo jurisdiccional. Los medios de control de la actividad administrativa no son ni exclusivamente jurisdiccionales, ni los jurisdiccionales se agotan en los previstos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Reflecting a global trend, scores of countries have affirmed that their citizens are entitled to healthy air, water, and land and that their constitution should guarantee certain environmental rights. This book examines the increasing recognition that the environment is a proper subject for protection in constitutional texts and for vindication by constitutional courts. This phenomenon, which the authors call environmental constitutionalism, represents the confluence of constitutional law, international law, human rights, and environmental law. National apex and constitutional courts are exhibiting a growing interest in environmental rights, and as courts become more aware of what their peers are doing, this momentum is likely to increase. This book explains why such provisions came into being, how they are expressed, and the extent to which they have been, and might be, enforced judicially. It is a singular resource for evaluating the content of and hope for constitutional environmental rights.