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El objetivo del presente trabajo es analizar las posibilidades que el sistema jurisdiccional de la Unión Europea ofrece a los ciudadanos para reclamar el cumplimiento del Derecho del medio ambiente, cuando consideran que se ha producido una violación del mismo por parte de la Administración. El estudio se centra en las propias instituciones de la Unión, tanto en lo que se refiere a los actos objeto de recurso, como a las instancias de revisión. La manera en que se ha desarrollado la integración europea afecta profundamente a las posibilidades de recurso ante los tribunales de la Unión. Por un lado, la aplicación descentralizada del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros y el control de dicha aplicación por parte de los Tribunales nacionales ha provocado que, en la mayoría de los casos, no fuese necesario establecer un régimen amplio de acceso a los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por otro lado, algunas instituciones y procedimientos de la Unión aún no están completamente adaptados a una organización que ha asumido gran cantidad de competencias en ámbitos cada vez más alejados de lo económico y, lo que es más importante, que empieza a asumir la necesidad de aplicar por sí misma algunos sectores del ordenamiento. Este último fenómeno es especialmente intenso en el campo del medio ambiente. Los problemas surgen cuando los ciudadanos que desean solicitar la revisión de los actos de la Administración europea se encuentran sin posibilidades de recurso, tanto en vía administrativa, como judicial. La regulación de los recursos judiciales ante el Tribunal de Justicia impide que los administrados sin un interés directo puedan recurrir actos administrativos y si dichos actos no han originado ningún acto interno en sus Estados, tampoco podrán recurrir a los Tribunales nacionales...
La información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia (derechos de acceso) son temas que están en constante debate en la doctrina del Derecho público. Las discusiones al respecto giran en torno a sus efectos, su naturaleza jurídica, sus características, los mecanismos de protección judicial y el impacto en la actuación administrativa. Tales cuestiones vienen siendo tratadas cada vez más por la doctrina, en materia ambiental son de enorme relevancia y adquieren gran interés a la luz del principio democrático del Estado: especialmente, al ser una posible respuesta a los con nietos ambientales. La justicia ambiental se ha ido consolidando como una demanda social (y ambiental) con una gran capacidad para transformar los ordenamientos jurídicos y acomodarlos a las necesidades ciudadanas. Uno de los aspectos más destacados de esa justicia ambiental es el acceso y con él, y a través de él, la formalización y materialización jurídica de los derechos que recrean y dan soporte a ese mismo acceso, a saber, la información ambiental, la participación ciudadana y el propio acceso a la jus­ticia ambiental stricto sensu.
En La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo el autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye su obra con consideraciones críticas y propuestas de modificación legislativa, las que entiende necesarias para una adecuada tutela del ambiente, y de los intereses difusos en general, en un contexto de conflictividad global creciente.
"Los derechos de acceso a la información en materia ambiental, de participación en la toma de decisiones y de acceso a la justicia, son básicos para hacer efectiva la justicia ambiental. Este libro presenta, a través de las contribuciones de abogados y académicos de distintos países, españoles y latinoamericanos, un análisis de los obstáculos que encuentran las víctimas de daños ambientales para acceder a la justicia y para obtener una reparación. Las presentaciones por países, relativas a Chile, Costa Rica, Argentina, Panamá, México y Ecuador se completan con uno de los casos, relativo a Brasil, que se han llevado al sistema interamericano de derechos humanos y con otras sobre el caso español y la situación de las vías extraterritoriales de acceso a la justicia en los países de la Unión Europea. Laobra es el resultado de una iniciativa conjunta de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Universidad Rovira i Virgili, con el apoyo de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA)" (4ème de couv.).
El presente trabajo tiene por objetivo central publicar los principales resultados obtenidos en el marco del proyecto de investigación "El amparo ambiental en la provincia de Córdoba a partir de la sanción de la Ley 10.208." El trabajo de investigación iniciado en el año 2018 involucró un proceso de diseño y ejecución de numerosas actividades que se habían planteado como objetivos del proyecto presentado y aprobado oportunamente. El equipo consideró la trascendencia de difundir los avances alcanzados hasta esta instancia de la investigación, evidenciando los aspectos teóricos y metodológicos que forman parte de su estructura e implementación.
This book examines how the EU can be a more proactive actor in the promotion of the principles of sustainability and fairness from a legal environmental perspective. The book is one of the results of the research activity of the Jean Monnet Chair in EU Environmental Law (2017-2020) funded by the European Commission under the Erasmus+ programme. The European Union and Global Environmental Protection: Transforming Influence into Action begins with an introduction of the key EU competences, instruments and mechanisms, as well as the current international challenges at the EU level. It then explores case study examples from four regulated fields: climate change, biodiversity, multilateral trade, unregulated fishing, and access to justice; and four unregulated areas: mainstreaming of the Sustainable Development Goals in EU policies, and environmental justice, highlighting the extent to which the EU might align with international environmental regimes or extend its normative power. This volume will be of great relevance to students, scholars, and EU policy makers with an interest in international environmental law and policy.