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La presente monografía nace del convencimiento de la necesidad de ofrecer a quienes se acercan a la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores una visión diferente a la que tradicionalmente ofrecen los manuales de derecho. Como su propio subtítulo visibiliza, es una obra de carácter introductorio, que ha pretendido que sitúe al estudioso de la materia en disposición de un conocimiento global desde el que poder adentrarse en este campo del derecho. Es un manual enfocado a estudiantes de derecho penal y de ejecución penal juvenil, motivo por el que no se han tenido en cuenta aspectos relacionados con el derecho procesal, más allá de una visión panorámica de los diferentes intervinientes en la jurisdicción de menores. En esa pretensión de ofrecer una visión diferente se han elegido cuidadosamente los aspectos que se querían abordar, y donde no podía faltar el análisis histórico y contextualizador de la justicia juvenil. La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores es la parte central de este manual, si bien no en toda su extensión y con un enfoque distinto a los trabajos que sobre ella se han publicado. Su estudio se ha ordenado en torno a dos bloques temáticos. En el primero se lleva a cabo un acercamiento a algunos de los principios que están detrás de la Ley. Desde allí, junto a los intervinientes en esta jurisdicción, se hace un análisis de su ámbito de aplicación, de las medidas que prevé y de las reglas para determinar su aplicación. El segundo bloque se ha centrado en la ejecución de las medidas. En este análisis se ha tratado de recoger la experiencia del derecho penitenciario, de forma que el conocimiento de sus límites pueda servir de referencia a la hora de analizar el derecho penal juvenil, al que el legislador optó por dejar, en materia de ejecución, sin un derecho supletorio, a pesar de las importantes similitudes entre la Ley Orgánica 5/2000 y la legislación penitenciaria.
La presente obra analiza minuciosamente todo el articulado de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, reformada por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre. El autor ha comentado exhaustivamente artículo por artículo, aplicándole a cada uno de ellos, la interpretación que efectúa la Fiscalía General del Estado, en sus Circulares 1/2000 y 1/2007, así como también a cada uno de los preceptos se le ha incorporado una exquisita selección de la fundamentación jurídica que nuestros Tribunales han aplicado en sus resoluciones judiciales a cada uno de los artículos comentados.
El lector se va a encontrar, en primer lugar, con un minucioso examen del procedimiento de menores, en el que la autora no se limita a exponer el Derecho positivo, sino que aborda la legislación actual después de analizar brevemente los orígenes de la misma, el marco normativo nacional e internacional, así como las circulares, instrucciones y consultas de la Fiscalía General del Estado en una muy loable función recopilatoria. El libro aborda después por otra autora el estudio de las funciones del Equipo Técnico, desde un posicionamiento didáctico, señalando cómo las condiciones psicosociales influyen en el desencadenamiento de conductas delictivas, y cómo estos equipos estudian al menor valorando las circunstancias psicosociales que concurren en él para orientar las medidas más acordes a sus circunstancias, siempre, como venimos repitiendo, pensando en la reeducación y la prevención de la reincidencia, intentando alejar al menor de los factores de riesgo que se aprecien en los ámbitos psicológicos, educativos y familiar, y que puedan abocarle a la comisión delictiva. En esta parte del libro, conoceremos la composición profesional de los Equipos y su función en las diferentes fases del procedimiento siempre a partir de la incoación del expediente. Por último, el libro aborda la fase de ejecución de las medidas impuestas en sentencia, tanto en medios cerrados como abiertos, su desarrollo, evolución y las incidencias que pueden plantearse en la ejecución.
La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos sujetos sena las mínimas posibles, en intensificar, por el contrario, las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino de políticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y educativas propias de un verdadero Estado del bienestar, para todos, con su dimensión de social y democrático de Derecho. Tanto la Ley chilena sobre responsabilidad penal del adolescente por infracciones a la Ley penal como la Ley española reguladora de la responsabilidad penal de los menores se esfuerzan, al meno formalmente, en conseguir algunos de estos objetivos, muchos otros quedan fuera del marco legislativo penal para convertirse en actuaciones de política social a tomar por los gobiernos de turno.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en el carácter primordial de la intervención educativa, que trasciende el procedimiento y las sanciones aplicables. Partiendo de este texto legislativo, esta obra pretende afrontar el análisis de la delincuencia juvenil en España buscando respuestas a variadas cuestiones de orden social (conocimiento de cifras de criminalidad juvenil e intervención preventiva de las ciencias psicosociales), jurídico (naturaleza y principios de un modelo de justicia juvenil y un estudio de derecho comparado), procesal (regulación concreta del procedimiento en los Juzgados de Menores y actuación de sus protagonistas), las alternativas a la intervención judicial (programas de mediación) y, finalmente, penológico (la imposición y ejecución de las medidas impuestas por el juez de menores y la participación de las Comunidades Autonómicas. Especialmente se tratan en éste libro los programas de menores en conflicto en Castilla-La Mancha). Con todo, este estudio interdisciplinario quedaría incompleto si no abordara la problemática de la inserción del joven que ha cumplido la medida impuesta y que debe integrarse plenamente en la sociedad con las máximas oportundidades de desarrollo pleno. Desde este fin es imprescindible fomentar y apoyar los planes de las Comunidades Autonómicas y entidades colaboradoras dirigidos a la inserción laboral y autonomía personal del menor infractor.