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Este libro, realizado por Juan Carlos Morón y Zita Aguilera, contiene una explicación concisa pero rigurosa de los principales temas de la contratación pública. Analiza las características del contrato administrativo y el universo de fórmulas que puede emplear la administración en un contrato, así como sus múltiples clasificaciones y los principios que inspiran y controlan la contratación administrativa. La obra describe las distintas etapas de la contratación, los posibles vicios, la solución de controversias y los mecanismos de protección de los contratistas.
La Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de abril de 2008, ha introducido profundas modificaciones en el ámbito de la contratación pública, no sólo desmaterializando los procedimientos de adjudicación (perfil de contratante, plataforma de contratación del Estado, factura electrónica, subasta electrónica...etc), sino también modificando profundamente los procedimientos a seguir por los Poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos públicos, obligando a los Poderes adjudicadores a seleccionar, como adjudicatario del contrato, al licitador que haya presentado la "oferta económicamente más ventajosa", y exigiéndoles, en todo caso, que den un tratamiento igualitario y no discriminatorio a licitadores y candidatos, a los que deberán garantizar libertad de acceso a las licitaciones, dando publicidad y observando una total transparencia en los procedimientos que han de seguir en la adjudicación de los contratos del Sector público. Este libro, aunque dedicado al "Contrato de obras públicas", recuerda que para ser Contratista hay que ser previamente licitador, lo que le lleva a realizar un obligado estudio de los complejos procesos administrativos que se han de seguir hasta llegar a la adjudicación definitiva del contrato, por lo que dedica todo un capítulo a analizar y describir secuencialmente, el tortuoso iter procedimental que los Poderes adjudicadores han de observar desde que se inicia la elaboración del expediente de contratación, que dará paso a su licitación, recursos, en su caso, siendo de especial trascendencia la actuación de la Mesa de Contratación, ya que ha de seleccionar al licitador que haya presentado la "oferta económicamente mas ventajosa", para finalizar con el acuerdo del Órgano de Contratación efectuando la adjudicación provisional y la adjudicación definitiva, sin perjuicio de la resolución que del recurso especial de contratación, en su caso, interpongan las personas físicas y jurídicas, así como los licitadores, cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso, debiendo terminar el iter procedimental con la formalización, en documento administrativo, del contrato, que dará paso, finalmente, al inicio y consiguiente ejecución del contrato, finalidad última y primordial de todo el proceso licitatorio. La ejecución del "Contrato de obras públicas" está sujeta al "principio de riesgo y ventura" que invade, aunque atenuado por los posibles casos de fuerza mayor, toda la actividad del Contratista, actividad que ha de estar dirigida a un solo fin: la ejecución, según el proyecto aprobado y vigente, de la obra contratada. El Contratista tiene derecho al abono de la obra ejecutada, en los términos establecidos en el contrato, con arreglo al precio convenido. Para ello, la Dirección facultativa ha de medir y valorar al origen, todos los meses, la obra ejecutada, expidiendo, con la periodicidad establecida en el "pliego cláusulas administrativas particulares", a efectos del pago, la correspondiente "certificación de obra". La "certificación de obra", documento administrativo, acredita la obra ejecutada por el Contratista que le debe ser abonada en el plazo innegociable de sesenta días naturales, siendo documento suficiente, no sólo para el reconocimiento de la obligación por las Administraciones Públicas sujetas a Presupuesto, sino también a efectos de la transmisión del derecho de cobro que lleva incorporado, así como, en su caso, de su compensación tributaria. El contrato concluye, normalmente con el acto de recepción de conformidad de la obra, extinguiéndose así la obligación principal del Contratista, y dando paso al plazo de garantía, durante cuyo período el Contratista sólo está obligado a reparar los defectos que en las obras puedan advertirse, pero no a ejecutar obra alguna, finalizando el mismo, normalmente, con el "Informe favorable sobre el estado de las obras" del Director facultativo, con lo que también se extingue esta obligación accesoria de la principal. Finalizado el plazo de garantía ya sólo le queda al Contratista responder por la "responsabilidad por vicios ocultos" que, por un período de quince años, habrá de soportar para que se extinga, de forma definitiva y total, la responsabilidad contraída por la obra ejecutada.. En fin, un libro, cuyo amplio contenido y riguroso tratamiento del "Contrato de obras públicas", lo convierte en imprescindible no sólo para el Contratista, sino también para todos los agentes que intervienen en la obra pública: Director facultativo, Responsable del contrato, Servicios de Contratación, despachos de abogados..., sin olvidar el ámbito universitario, en cuyas facultades y escuelas técnicas hoy se están formando los que mañana serán los ejecutores y responsables de las grandes obras públicas que, mejorando y modernizando, nuestras infraestructuras, nos proporcionan una mejor calidad de vida.
Durante mucho tiempo la licitación pública ha estado sujeta a malas prácticas administrativas relacionadas con el direccionamiento de los procesos de selección mediante diseños elaborados a la medida de los proponentes, lo que ha conllevado una muy baja o, en ocasiones, nula participación en las convocatorias, causando con ello un detrimento patrimonial al Estado por la violación sistemática de las restricciones legítimas y proporcionales del interés general. El exhaustivo trabajo de campo realizado por el doctor Matallana entre 2012 y 2015 permite apreciar que en la mayoría de los casos estudiados hubo un flagrante y abierto quebrantamiento de las reglas que rigen los contratos estatales, entre ellas, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a la igualdad, el derecho de participación y el principio de selección objetiva. A partir de la definición de licitación pública y de las categorías jurídicas que la gobiernan, el autor analiza la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones, las competencias administrativas que deben ser respetadas, el efecto del interés general en su confección, el test de igualdad y cómo las convocatorias públicas permiten seleccionar los proponentes y adjudicar los contratos. Además, revisa algunas de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y los pronunciamientos de la doctrina respecto de las acciones afirmativas para proteger el derecho a la igualdad y la libre competencia económica; sin embargo, las conclusiones a las que llega no son tan sorprendentes como se podría esperar.
Edición actualizada que orienta la aplicación de las normas, instructivos y técnicas para una acertada administración de los procesos de contratación pública. Ofrece un resumen de los documentos expedidos por la nueva autoridad, “Colombia Compra Eficiente”, para facilitar su comprensión y adecuada aplicación. Compila las leyes que conforman el Estatuto General de la Contratación Pública, normas complementarias relevantes y el reglamento general, con todas sus modificaciones y concordancias, resúmenes de jurisprudencia, explicaciones y comentarios puntuales. Presenta en forma descriptiva el “paso a paso” del procedimiento en los modos de selección de los contratistas. Realiza un análisis crítico, objetivo, propositivo, de los temas de mayor controversia sobre la materia. Útil en los despachos de los funcionarios operadores de la contratación; para los contratistas, los empresarios y particulares interesados en participar como proveedores de bienes y servicios al Estado. En la formación universitaria, el texto es un conjunto de módulos académicos.
En comparación con la amplia bibliografía disponible sobre el procedimiento de licitación, pocas son las obras existentes acerca de lo que la legislación de contratos públicos ha denominado siempre los efectos y la extinción del contrato. Con el objetivo de contribuir a enmendar este desequilibrio, el presente libro analiza de manera sistemática la resolución del contrato administrativo de obra, suministro y servicio. Los principios que rigen el ejercicio de esta prerrogativa de la Administración, las causas de resolución generales y particulares de cada tipo de contrato, así como el procedimiento de resolución, son abordados a la luz de la doctrina del Consejo de Estado y de los consejos consultivos de las comunidades autónomas. Este libro va dirigido no solo a los estudiosos de la contratación administrativa, sino especialmente a los gestores de contratos públicos, con la intención de que les sirva de guía en una materia no suficientemente conocida en su ámbito de trabajo, así como a los operadores económicos, a los contratistas, para que conozcan sus obligaciones en el cumplimiento de los contratos, pero también sus derechos frente a la Administración contratante.
No parece afortunada una contratación pública y unos procesos de selección que involucionan en extensión y complejidad, con normas confusas y muchas veces contradictorias. La dispersión de normas parece ser la costumbre actual, de tal manera que cada norma legal expedida incorpora, seguramente con propósitos loables, modificaciones al régimen de contratación, con un ambiente de inseguridad jurídica y de difícil entendimiento. En mi opinión estas reformas fraccionadas y parciales no han cumplido con los objetivos que perseguían ni han conseguido crear un mercado de fácil acceso para los administrados. Por el contrario, parece ser más común de lo deseado, obras inconclusas y un escenario propicio para la corrupción. La contratación compleja y difícil de entender solo conduce a mayores riesgos de los gestores públicos y a una atmósfera que incentiva la desviación de los recursos públicos. La complejidad de la contratación pública por las razones citadas, ha llevado a que se considere un tema propio de los abogados, cuando lo que se demanda son criterios técnicos, no necesariamente economicistas, que permitan la eficiencia en la gestión y en el cumplimiento de políticas públicas. En este marco, la obra pretende esclarecer y presentar nuestras consideraciones sobre los principios y normas que gobiernan los procesos de selección de los contratos estatales, regulados por la Ley 80 del 1993 o con regímenes especiales, centrado en el derecho a la competencia, esto es, la igualdad de acceso y oportunidades, la transparencia-publicidad y la libertad de concurrencia. Lo anterior en la búsqueda de una mínima seguridad jurídica que conduzca a la eficiencia del proceso y de los cometidos buscados por las partes contratantes. El operador jurídico, la Administración y los potenciales oferentes pueden encontrar amplia información de las fuentes y tesis que orientan y se aplican a los procesos de selección, especialmente de carácter jurisprudencial. Así mismo, se incluye un tema de la mayor actualidad, como es los límites y características de la modificación del contrato, de escasa regulación legal pero de enorme importancia por sus implicaciones en la responsabilidad patrimonial, fiscal y penal de los servidores públicos.